A la voz de “no más recortes, la plata es del pueblo”, alcaldes y presidentes de juntas
parroquiales, encabezados por el prefecto Clemente Bravo, marcharon hasta los bajos de la
Gobernación de El Oro para expresar su rechazo ante los incumplimientos en los pagos
adeudados por el Ministerio de Finanzas.
La medida fue adoptada desde este miércoles 16 de diciembre en las diferentes provincias del
país como acción de presión, de carácter progresivo, hasta que el gobierno central cumpla con
el desembolso de las asignaciones atrasadas.
En El Oro, los representantes de los GAD se reunieron con el gobernador, a quien le expusieron
sus necesidades y pedidos, dejando claro que no darán su brazo a torcer, hasta que el gobierno
cumpla los acordado semanas atrás.
Dijeron que la situación es insostenible, pues no se ha podido cumplir la cancelación de
sueldos y el pago a proveedores, entorpeciendo además la ejecución de obras, lo que
representa un atraso en el desarrollo de la provincia.
“Han puesto de cabeza a las prefecturas, municipios y juntas parroquiales”, expresó Bravo,
quien advirtió que, de continuar la situación, se solicitará la renuncia del ministro de Finanzas,
se interpondrán medidas legales ante un juez constitucionalista y se acogerán al derecho a la
resistencia.
Según Bravo, el gobierno derogó los acuerdos ministeriales, pero no reintegró los recursos de
los recortes, agravando la crisis provocada por la falta de asignaciones. “A la Prefectura de El
oro le adeudan $ 30 millones. Nos recortan un millón mensual y encima nos deben los recursos
desde agosto”, detalló.
Calificó como ilegal el accionar del gobierno, pues según la Ley de Finanzas, solo se puede
bajar el 5 % de presupuesto luego de haberse aprobado una reforma que haya sido conocida y
aprobada por la Asamblea Nacional.
Agregó que la reducción es ilegítima, pues ningún acuerdo ministerial puede estar por encima
del COOTAD y la Constitución.
Pedro Aragundi, presidente de los gobiernos parroquiales de El Oro, dijo que el sector rural
seguirá en pie de lucha hasta que el gobierno central les asigne los recursos pendientes.
“Manejamos presupuestos muy reducidos y ahora nos adeudan varios meses. La situación es
crítica”, detalló.
Los municipios también están en jaque. Bismark Ruilova y Edwin Rengel, alcaldes orenses y
presidentes de AME El Oro y AME zona 7, respectivamente, creen que no se puede esperar
más, pues la falta de recursos les ha imposibilitado ejecutar proyectos a favor sus jurisdicciones.
“Debemos salarios y no podemos cumplir con la gente. Estamos atados de manos y tenemos
obras retrasadas. Si el gobierno no cumple con las asignaciones, nosotros tampoco vamos a
poder cumplir”, dijo Ruilova.
Calificaron como positiva la iniciativa del prefecto Clemente Bravo de convocar a las diferentes
autoridades de la provincia para hacer fuerza y reclamar lo que se les adeuda.