Tras la sesión del pleno del Consejo Provincial, desarrollada este lunes, el prefecto Clemente
Bravo, los alcaldes y los representantes de las juntas parroquiales de El Oro, resolvieron
presentar una acción ordinaria de protección ante la Corte de Justicia contra el recorte
presupuestario aplicado por el gobierno central a los GAD.
El titular del Gobierno Provincial justificó la medida asegurando que la reducción del
presupuesto es ilegal, arbitraria, irracional e inconstitucional, y además violenta normas
vigentes. “No tiene fundamento ni base legal y pasa por encima de la Constitución y del
Cootad”, expresó Bravo.
En rueda de prensa, la autoridad dijo que el gobierno está dejando sin recursos a los GAD y
que, frente a esa situación, la Cámara de Consejeros acordó interponer una acción de
protección y las medidas de hecho necesarias para “precautelar que las rentas que perciben
los GAD, provinciales, cantonales y parroquiales, no sean disminuidas por parte del Ministerio
de Economía y Finanzas”.
Para el prefecto orense, los acuerdos ministeriales que dieron paso al recorte presupuestario
vulneran los derechos de los gobiernos autónomos descentralizados y de los ciudadanos, ya
que estos últimos “no podrán ser atendidos en sus requerimientos de obras básicas,
perjudicando el nivel de vida de los ecuatorianos”.
La acción de protección será presentada este jueves a las 09h00. El prefecto y los alcaldes
caminarán juntos desde la Prefectura hasta la Corte Provincial de Justicia para formalizar la
medida anunciada y, luego, a las 09h30 se reunirán con el Gobernador de El Oro.
La medida adoptada por los consejeros está respaldada por los artículos 6, 191 y 201 del
Cootad, el 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas; así como el artículo 425 de la
Constitución, en este último se detalla el orden jerárquico de aplicación de las normas en
Ecuador.
“Ningún acuerdo puede estar por encima de un Código Orgánico, mucho menos de la
Constitución”, recalcó Bravo, quien agregó que la mejor que se puede hacer es recuperar los
recursos.
Bismark Ruilova, alcalde de Atahualpa y presidente de la Asociación de Municipalidades, AME
El Oro, dijo que la situación económica de los GAD es insostenible y que se deben tomar
medidas urgentes para exigir lo que les corresponde, pues además del recorte, el gobierno
central adeuda entre 2 y 4 meses de asignaciones.
“Estamos sin recursos, le debemos a nuestra gente y hemos tenido que cumplir, durante la
pandemia, con responsabilidades que no son de nuestra competencia”, detalló el funcionario.