Ante la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional, el prefecto Clemente Bravo sustentó por qué se debe reformar la Ley de Desarrollo de Puerto Bolívar, incrementando del 10 al 70 % los recursos que otorga Autoridad Portuaria al Gobierno Provincial y al municipio de Machala.
La autoridad orense dijo que, a partir de la concesión de la terminal marítima de la provincia a la empresa turca Yilport, Autoridad Portuaria pasó a ser un ente exclusivamente administrativo, reduciendo sus gastos, lo que produce que “gran parte del presupuesto que maneja”, se revierta al Ministerio de Finanzas.
El 10 % que actualmente se adjudica a los dos gobiernos locales representa alrededor de 800 mil dólares por año: $ 400 mil para la Prefectura e igual cifra para el municipio de Machala.
Según Bravo, Autoridad Portuaria recibe de la concesionaria cerca de 7 millones de dólares anuales, de los cuales, no utiliza más de 1.8 millones para gastos administrativos, por lo que el resto retorna al Estado, sin beneficiar a Puerto Bolívar.
La reforma a la Ley permitiría que el Gobierno Provincial y el municipio de Machala reciban más de 3 millones de dólares para la ejecución de obras complementarias y prioritarias a favor de la parroquia porteña.
El prefecto sostuvo que, al haber sido aprobada en 2006, con la Constitución anterior, la mencionada normativa debió ser reformada en 2008, cuando fue publicada la nueva Carta Magna.
“La Ley no es consecuente con los casi 70 mil habitantes de Puerto Bolívar, que desde hace años vienen reclamando sus derechos, pues no recibir los recursos que les corresponde, ha generado resentimiento”, recalcó la autoridad.
Bravo recordó que, en junio de 2019, el anteproyecto fue socializado en asamblea ante dirigentes barriales y habitantes porteños. El 1 de agosto de ese año, se entregó el documento a los asambleístas orenses.
A finales de octubre, el prefecto entregó en manos del presidente del Legislativo, César Litardo, el proyecto reformatorio, y un mes más tarde, una vez que fue calificado por el CAL y remitido a la comisión de Régimen Económico, la autoridad orense solicitó a Litardo su intervención, para agilizar los trámites respectivos.
Franco Romero, asambleísta orense y vicepresidente de la comisión, reconoció que él y las legisladoras orenses Patricia Henríquez y Mercedes Serrano, acogieron el anteproyecto elaborado por el prefecto, y lo presentaron en la Asamblea Nacional, con la diferencia del porcentaje de asignación.
El presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, Daniel Mendoza, se comprometió a dar trámite célere, técnico y responsable al proyecto.
Los demás miembros de la comisión presentaron sus inquietudes y plantearon preguntas al prefecto y a la gerente de Autoridad Portuaria, para tener elementos de juicio que coadyuven a sacar conclusiones que sirvan a la hora de un posible debate.